Según estimaciones de expertos y ONG, basados en datos facilitados por Interior, 5.000 inmigrantes han sido expulsados de forma ilegal desde que en 2001 empezaran estas prácticas
En el Gurugú, ocho de cada 10 inmigrantes entrevistados asegura haber entrado al menos una vez en Melilla y haber sido posteriormente expulsado por agentes del Instituto Armado
Jesús Blasco de Avellaneda - Melilla
Un joven camerunés de 28 años -que responde a las iniciales ALX- descendía por las laderas del monte Gurugú, la noche del 3 de enero de 2004, en dirección a la frontera de Melilla. Tanto él como varios de sus compañeros lograron superar el doble vallado y salir a la carrera tras pisar suelo español. ALX fue detenido entonces por varios agentes de la Guardia Civil que, después de maniatarlo con bridas de nailon, le propinaron una brutal paliza antes de expulsarlo a territorio marroquí por una de las puertas del vallado fronterizo, abandonándolo en estado de semiinconsciencia. Allí, tirado en una arboleda, permaneció durante tres días a la intemperie, maniatado, sin comida ni agua, hasta que fue encontrado por unos camaradas poco antes de desfallecer. Debido a la fuerte presión que durante esos días le produjeron las bridas, AXL perdió la práctica movilidad en ambas manos y necesitó semanas para reponerse de los golpes.
Esta es la primera expulsión ilegal documentada de un inmigrante en Melilla. Una práctica que la Guardia Civil realiza con frecuencia e impunidad desde que en el año 2001 crecieran notablemente los intentos de entrada a través de las vallas que separan Melilla de la provincia marroquí de Nador, las cuales fueron instaladas tres años antes.
Habrá que esperar hasta el 20 de septiembre de 2005 para obtener la primera prueba palpable de esta irregularidad, cuando la ONG Pro Derechos de la Infancia (PRODEIN) presentaba ante la Fiscalía General del Estado un vídeo en el que se veía cómo varios guardias guiaban a un grupo de 15 subsaharianos entre las dos vallas y, tras abrir una puerta de la alambrada, les entregaba directamente a las Fuerzas Auxiliares marroquíes que les recibían a correazos y golpes de bastón. Los gritos de dolor que desprendían aquellas imágenes eran estremecedores.
Tres meses después, el 22 de noviembre de 2005, la adjunta primera del Defensor del Pueblo, María Luisa Cava de Llano, exponía en el Congreso un demoledor informe contra el Gobierno socialista en el que denunciaba que tres de los 73 subsaharianos devueltos ilegalmente por España a Marruecos el 7 de octubre de ese año, eran refugiados reconocidos como tales por ACNUR. Un procedimiento que Cava de Llano calificó de “radicalmente incorrecto”, donde la asistencia letrada a la que tenían derecho y el respeto a las leyes vigentes fueron nulos.
Unos hechos que también eran compartidos por el entonces jefe de la oposición, Mariano Rajoy, que en su visita a Melilla en octubre de 2005 exigía que toda persona que entrase en España saltando la valla debería “poder ser expulsada en el acto”. Un recado que recogió años después el presidente de Melilla y senador por el Partido Popular, Juan José Imbroda, que planteaba “la expulsión inmediata” a Marruecos, saltándose los trámites legales, de aquellos inmigrantes que entrasen en la ciudad “creando alarma social”.
Una práctica ilícita que contraviene tanto la ley de extranjería como los decretos que la desarrollan, así como los convenios internacionales en materia de derechos humanos. Y que, tras doce años practicándose le ha costado a más de un agente honrado tener que pedir destino y a algunos activistas y periodistas estar perseguido, acosados y desposeídos de sus bienes.
Delegación del Gobierno en Melilla no lo reconoce
Ya en junio de 2008, el entonces director general de la Policía y de la Guardia Civil, Francisco Javier Velázquez, confirmaba la expulsión a Marruecos de 50 de los 70 inmigrantes subsaharianos que habían entrado de manera irregular en Melilla el fin de semana anterior.
Dos años y medio antes antes, en diciembre de 2005, la Guardia Civil reconocía que a veces “no se cumple la normativa” en la valla de Ceuta “cuando se intercepta a un indocumentado”. Era la primera vez que el Instituto Armado admitía, y por escrito, que en ocasiones no se respeta la ley de extranjería y se expulsa sin “incoar un expediente de expulsión”.
Hace unos meses, la Asociación Unificada de Guardias Civiles (AUGC) solicitaba a la Fiscalía que dijera si las devoluciones de inmigrantes a través del vallado eran o no legales y denunciaba que la Comandancia de la Guardia Civil de Melilla se “negaba” a dar a los guardias un protocolo de actuación y que dejaba a estos “indefensos” ante una posible actuación ilícita.
El delegado del Gobierno en Melilla, Abdelmalik El Barkani, ha negado siempre que haya “evidencias de devoluciones irregulares”. Y este verano, tras insistir los periodistas en la posibilidad de que los guardias estuvieran contraviniendo la legislación vigente en materia de Extranjería, dijo: “Yo no sé como funciona la Guardia Civil. Soy delegado del Gobierno, no guardia civil. Yo órdenes no doy, ni siquiera instrucciones”.
Cuestión que para el portavoz socialista en la Comisión de Interior del Congreso, Antonio Trevín, necesita claramente de “un protocolo que establezca de forma clara lo que es reglamentario o no en el caso de las expulsiones y contar con todo el respaldo jurídico y nítido de sus responsables. Y el primero en Melilla es el delegado del Gobierno. Todo lo que es la Guardia Civil le afecta, le debe interesar, y lo que no puede en ningún momento, bajo ninguna circunstancia, a mi juicio, es dar la sensación de que con sus declaraciones no se sienta respaldado quien tiene que actuar. Tampoco me extraña mucho, porque es la persona que cada vez que hay un salto en la valla habla de 'invasión al territorio español' y sin embargo cuando una patrullera de la Gendarmería marroquí entra hasta el interior del puerto de Melilla le parece una cuestión normal”.
Más de 5.000 expulsados en 12 años
Los expertos en inmigración y las organizaciones que trabajan en la defensa de los derechos humanos a ambos lados de la frontera sur de Europa, estiman más de 5.000 inmigrantes, en su mayoría de origen subsahariano, han sido expulsados sin respetar la ley, y sin los trámites administrativos oportunos, en los doce años que lleva realizándose esta práctica por parte de la Benemérita.
Estos datos se desprenden, entre otros, de los propios números que facilita el Gobierno central y que estiman en más de 400 las expulsiones que de media se realizan cada año. En las entrevistas que organizaciones como la Asociación de Reporteros y Artistas Solidarios (AREAS), Guelaya o PRODEIN llevan a cabo con regularidad en los campamentos de inmigrantes localizados en el monte Gurugú, ocho de cada diez personas aseguran haber entrado a Melilla y posteriormente haber sido expulsados por agentes a través de puertas distribuidas por todo el perímetro fronterizo.
Muchos de estos subsaharianos denuncian además agresiones y describen con precisión y detalle a las personas que les expulsan y los lugares por donde lo hacen, que suelen ser zonas escondidas, de difícil acceso y que carecen de cámaras de seguridad; como es el caso de: el lateral del Cementerio Musulmán, la zona A-13/A-14, conocida como 'el hito quince', y a veces puertas cercanas a los pasos de Farhana y Mariguari.
Totalmente ilegales según los juristas
A pesar de que sindicatos y guardias dudan de la legalidad de estas expulsiones, los expertos en la materia tienen claro que son totalmente ilegales y que contravienen diferentes leyes de carácter nacional e internacional.
Para el presidente de la Subcomisión de Extranjería del Consejo General de la Abogacía Española, Pascual Aguelo, si estamos ante una expulsión masiva -como ocurrió en con los inmigrantes de Isla de Tierra o como ocurre cuando hay un salto de gran número de subsaharianos- España debe respetar el Protocolo adicional número 4 de la Convención Europea de Derechos Humanos que prohíbe expresamente las expulsiones colectivas de extranjeros.
Además, dentro del Derecho español, para cualquier expulsión, a través del vallado o no, se deben cumplir todos los parámetros jurídicos que establece la Ley sobre Derechos y Libertades de los Extranjeros y que obligan a la apertura de un expediente de devolución que conlleva en primer lugar una comunicación de apertura de expediente en el que se garantice la asistencia al expedientado de un abogado y con esa asistencia poder alegar, en el marco del expediente, las oportunas causas de exención de la devolución reseñadas: humanitarias, solicitud de protección internacional, y prestar su colaboración en la lucha contra esas supuestas mafias. En ese expediente se realiza una somera identificación de la persona, a la que se le debe notificar una resolución que puede ser objeto de recurso, con el auxilio de su abogado. Debe permitírsele dejar constancia de su voluntad de recurrir tal resolución y la designación de ese abogado para tal fin. Por lo que todo apunta a que ninguna de esas garantías se cumple en las expulsiones arbitrarias por la valla.
Alejandro Peña Pérez, abogado experto jurídico sobre migraciones internacionales y Derecho de Extranjería, asegura que, cuando se realiza la entrada en España de manera irregular, la Ley de Extranjería dispone la devolución en caso de que el extranjero sea detectado entrando de manera irregular al país –devolución que no puede ser inmediata y que exige, entre otros derechos y trámites administrativos, un expediente en el que se valore la viabilidad de proceder a la devolución–.
Así mismo, el extranjero tiene derecho a solicitar protección internacional y no se puede ejecutar la expulsión o devolución hasta que no se resuelva dicha solicitud. Cualquier expulsión sin las mínimas garantías exigidas por el Derecho de Extranjería -asistencia letrada, traductor de ser necesario, registro de la persona con expediente administrativo, garantías de todo procedimiento sancionador- es totalmente ilegal. Incluso cuando se realiza una devolución por nueva entrada para un expulsado debe constar dicha actuación. Las salidas inmediatas por una puerta fronteriza sin este tipo de garantías “son una aberración jurídica”.
Y, para justificar esta tergiversación legislativa, España ha reactivado veinte años después un convenio bilateral con Marruecos, que se formuló para un caso puntual, y que, de todos modos, debe ajustarse en todo momento a lo expuesto en la Ley de Extranjería, la cual es muy clara al respecto: “el convenio entre reinos únicamente servirá para agilizar el trámite burocrático, pero los derechos y procedimientos deben respetarse en todos los supuestos”.
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