Las políticas europeas de migración y asilo, lejos de dar una respuesta solidaria, basada en el respeto a los derechos humanos de las personas migrantes y refugiadas, han puesto en grave riesgo las vidas de miles de personas, muchas de ellas mujeres y niños, convirtiendo el mar Mediterráneo en la mayor fosa común en el mundo donde han muerto más de 25.000 personas en los últimos 15 años.
El pasado 18 de marzo, los líderes europeos firmaron una declaración con Turquía que, además de ser vergonzosa e ilegal, pone en un mayor riesgo a estas personas justificando su devolución a un país comoTurquía que ha demostrado que no garantiza los derechos humanos y la adecuada protección que merecen.
Este acuerdo vulnera la Carta Internacional de Derechos Humanos, la Carta de Derechos Fundamentales de la UE, el Convenio Europeo de Derechos humanos y la Convención de Ginebra para los Refugiados, así como diferentes Directivas europeas en materia de asilo. Un acuerdo que propicia el naufragio de la Europa social, abandonando los valores y los principios que configuran Europa como un espacio común de libertad, seguridad y justicia, fundada sobre los valores de la dignidad humana, la libertad, la igualdad y la solidaridad a los que se refiere el Preámbulo de la Carta de Derechos Fundamentales de la Unión Europea.
Además, el acuerdo utiliza a las personas refugiadas como moneda de cambioque responde a intereses económicos y geoestratégicos y no a la protección a la que legalmente tanto la UE como Turquía están obligadas a garantizar. Hacer de las personas refugiadas una mercancía para el intercambio económico es inhumano, ilegal e intolerable. El acuerdo convierte a Turquía en un gendarme que se suma a la creciente militarización de las fronteras europeas.
La Unión Europea, lejos de ser un ejemplo de solidaridad y actuar conforme a los valores que fueron el cimiento del proyecto europeo, sigue impulsando recetas que han fracasado en el pasado y han provocado miles de muertes. El acuerdo, unido a las medidas adoptadas unilateralmente por los estados miembros que dificultan o impiden la entrada en su territorio de solicitantes de asilo, no aportan una solución y provocarán la apertura de otras vías más peligrosas y costosas para las personas refugiadas como la del Mediterráneo Central que es la más mortal del mundo.
Por todo ello, las organizaciones firmantes exigen:

A LA UNIÓN EUROPEA Y A SUS ESTADOS MIEMBROS

  1. Cambiar el enfoque de las políticas de migración y asilo poniendo en el centro a las personas y a sus derechos.
  2. Cumplir la legalidad europea e internacional.
  3. Retirar el acuerdo de la UE y Turquía.
  4. Habilitar vías legales y seguras para que las personas refugiadas no tengan que arriesgar su vida en peligrosas rutas. Debe garantizarse, especialmente, que las mujeres no estén sometidas a violencia sexual y de género, y que los menores y las personas con diversidad funcional reciben la protección adecuada.
  5. Garantizar una acogida digna y adecuada protección que incluya la atención sanitaria y respeto a los Derechos Humanos así como cumplir los compromisos asumidos en este sentido, habilitando los presupuestos y los recursos acordes al desafío humanitario fruto de las guerras y desigualdades.
  6. Garantizar la protección de las organizaciones y personas que apoyan a la población refugiada. La complejidad de la situación hace que su trabajo sea absolutamente necesario y debe ser complementario al que las instituciones europeas están obligadas a realizar.
  7. Deben combatirse activamente los discursos y narrativas xenófobas. Las consecuencias de no hacerlo pueden ser muy peligrosas para la construcción de la necesaria convivencia y cohesión social en Europa.
  8. Incorporar en las políticas migratorias a nivel europeo el objetivo de la gestión de las nuevas fronteras invisibles que se están generando en nuestras ciudades y en nuestros barrios, con una apuesta decida por la construcción de convivencia y diálogo intercultural.
  9. Finalizar la militarización de la zona que puede derivar en conflictos aún más complejos con gravísimas consecuencias para la población.
  10.  Apostar por una política europea y presupuestaria común que de apoyo a la situación de refugiados y migrantes.

AL GOBIERNO ESPAÑOL

  1. Retirar su apoyo al acuerdo de la UE-Turquía e instar a su retirada definitiva por parte del resto de los Estados de la Unión Europea.
  2. Agilizar la acogida de personas refugiadas a través de los programas de reasentamiento y reubicación
  3. Reforzar el sistema nacional de acogida a refugiados de manera acorde a la evolución de las necesidades con los recursos, número de plazas y presupuesto necesario.
  4. Respetar escrupulosamente los derechos humanos en la frontera sur(específicamente en las fronteras de Ceuta, Melilla, Canarias y la costa marroquí) y en el resto de las fronteras europea.
  5. Velar por que el conjunto de actores políticos, económicos y sociales no empleen mensajes de carácter xenófobo, discriminatorio o racista hacia la población migrante y refugiada que puedan contribuir a la generación de prejuicios y actitudes racistas o violentas hacia dichas personas.
  6. Llevar a cabo acciones específicas de información y sensibilización de la opinión pública española sobre la situación de emergencia actual y sus causas, contando con el conjunto de actores de la sociedad civil que trabajan con población refugiada tanto en España como en los países de origen.
  7. Reforzar la política de integración con un plan de barrios que apueste por la convivencia, el dialogo intercultural, la gestión positiva de la diversidad y la lucha contra el racismo y la xenofobia.
  8. Incrementar los fondos para ayuda humanitaria y ayuda al desarrollo sin utilizar los fondos de cooperación internacional como compensación o incentivo al control de fronteras ni destinarlos a la atención de personas solicitantes de asilo y refugio en Europa. La atención de estas personas debe garantizarse con fondos específicos, suficientes y sostenidos en el tiempo.
  9. Defender una postura en las instituciones europeas, que sea reflejo del sentir de la sociedad española, y que, por tanto, defienda el cumplimiento de la legalidad y el respeto a los derechos humanos de las personas migrantes y refugiadas.