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martes, 31 de octubre de 2017

NOTICIAS: Por que las llegadas de migrantes en pateras se dispara


Pateras en España Por qué las llegadas de migrantes en patera se han disparado a niveles de hace diez años

La Cruz Roja ha atendido ya a 15.000 migrantes llegados a costas españolas, 5.000 más que todo el año pasado y casi los mismos que en 2007. Salvamento Marítimo ha rescatado en nueve meses a 11.000 personas a bordo de 650 pateras, el doble que el año pasado. Los expertos señalan a la situación en Libia y Marruecos como causas de este aumento.


Varias personas recién llegadas en patera a la costa de Canarias.- EFE


Cada día de este año han llegado de media más de dos pateras a las costas españolas, según los datos de Salvamento Marítimo hasta septiembre. La cifra aumentaría si se tuvieran en cuenta las barcazas interceptadas por la Guardia Civil o las detectadas por las autoridades marroquíes durante su travesía hasta Europa. Tablas de surf, botes neumáticos, kayaks, balsas de juguete a remo e, incluso, motos de agua son los medios de transporte con los que miles de personas migrantes, sobre todo subsaharianos y magrebíes, se juegan la vida intentado llegar al norte rico y desarrollado.
Desde la llegada del verano ha sido raro el día que no ha llegado una barcaza, afirma Ana Rosado, investigadora de la Asociación Pro Derechos Humanos de Andalucía (APDHA). Explica que el repunte ya se dejaba notar desde principios de año “pero el aumento desde junio ha sido muy intenso, y octubre también está siéndolo. Llegan más pateras y con más personas a bordo, incluso a zonas donde hacía una década que no llegaban tanto, como Barbate. Hemos visto embarcaciones con hasta 80 personas y volvemos a ver barcas de madera, de pescadores, como hace años”, relata. Rosado incide en que Andalucía sigue siendo el destino principal, pero este año también se están diversificando hacia Alicante y Murcia.
Lo confirma la Cruz Roja, que se encarga desde 2004 de la primera asistencia humanitaria de migrantes y refugiados a pie de playa o puerto y en las vallas de Ceuta y Melilla. La ONG presta atención sociosanitaria a personas en “situación de extrema vulnerabilidad”, a menudo con problemas de deshidratación, hipotermia y heridas causadas durante la travesía. Sus Equipos de Respuesta Inmediata en Emergencias (ERIE) han intervenido en casi mil operaciones hasta octubre de este año y han atendido a casi 15.000 migrantes sólo en Andalucía, Ceuta y Melilla, la mayoría de origen subsahariano. Únicamente se han superado estas cifras de asistencia en el 2006 ─año de la crisis de los cayucos hacia Canarias─ y 2007. El año pasado atendieron a 10.000 personas, pero esa cantidad ya fue sobrepasada en agosto de este año, por lo que no se descarta superar las 16.000 asistencias de hace una década.

Datos facilitados por Cruz Roja a fecha de septiembre de 2017.
Salvamento Marítimo ha rescatado a 11.000 personas a bordo de 650 pateras, el doble que hace un año
El incremento del flujo migratorio por mar, a través de la llamada ruta del Mediterráneo Occidental, también queda patente en los datos de Salvamento Marítimo, dependiente del Ministerio de Fomento. Sus equipos de rescate han asistido a 648 pateras con casi 11.000 personas a bordo hasta septiembre, más del doble que en el mismo periodo de 2016, cuando rescató a más de 4.500 personas a la deriva entre Marruecos y España. Almería y Tarifa son los grandes focos de llegadas, aunque Ceuta también ha repuntado, junto a Baleares, Murcia y Alicante.
Fuera de estas estadísticas quedan las cerca de 400 personas que arribaron durante el pasado fin de semana a bordo de una veintena de pateras. El goteo es incesante y lleva aumentado poco a poco desde hace varios años. El 2016 ya anticipaba un repunte notable, pero este año está siendo mucho más acusado, con jornadas en las que han logrado cruzar el Estrecho hasta 600 personas en pocas horas, como ocurrió en agosto. El mes de octubre también está muy por encima de la media, aunque por el momento no hay datos oficiales del Gobierno. El Ministerio del Interior aún no ha publicado su “balance de la lucha contra la inmigración irregular” con los datos definitivos de 2016 y poco ha dicho sobre 2017. La única cifra adelantada por el departamento de Zoido fueron datos provisionales de este junio, en los que hablaba de casi 8.000 migrantes llegados por mar, un 130% más que hasta junio del año pasado, dijo.
Los datos más actualizados son los de la Organización Internacional para las Migraciones (OIM), dependiente de la ONU. Este organismo, que utiliza información de los gobiernos y de sus propias oficinas sobre el terreno, afirma que 13.600 migrantes indocumentados han llegado a España por mar en lo que va de año. En 2015, Interior las cifró en 5.300. De seguir este ritmo, la llegada de pateras a España volverá a niveles de hace diez años, cuando Interior contó más de 18.000 entradas irregulares de personas migrantes.

Bloqueo de la ruta libia

Los expertos apuntan a varios factores como responsables de la mayor oleada de pateras hacia España de la última década. Una podría ser el bloqueo de la ruta entre Libia e Italia, la más grande del Mediterráneo central, por donde llega a Europa el 80% de la inmigración irregular. Las llegadas a Italia han caído casi un 26% respecto al año pasado, según la OIM, que cifra en 107.000 los migrantes y refugiados que han logrado tocar suelo italiano en lo que va de año. La agencia europea de control de fronteras, Frontex, también ha confirmado este significativo descenso, que viene produciéndose desde que la UE e Italia financiaran a las autoridades libias y formaran a sus guardacostas a principios de este año.

Guardacostas libios detienen una embarcación de inmigrantes subsaharianos en el puerto de Trípoli.- EPA
“Aún hay que estudiarlo, pero hay indicios de que se está produciendo un trasvase, todavía ligero, de la ruta Libia a la de Marruecos. Sobre todo de personas de origen subsahariano. Algunos testimonios de refugiados nos dicen que prefieren usar otras rutas ya que la libia es mucho más peligrosa que hace unos años y se ha constatado que allí los migrantes están sometidos a condiciones de esclavitud, en centros de detención donde sufren graves abusos y tratos inhumanos”, apunta Estrella Galán, secretaria general de la Comisión Española de Ayuda al Refugiado (CEAR).
Galán advierte de que España debe estar preparada para un mayor incremento de llegadas, ya que la tendencia al alza “es estructural y podría triplicarse en los próximos años”. Además critica las políticas de gestión migratoria de la UE, que "empujan hacia nuevas rutas más peligrosas" a miles de personas "que reúnen las condiciones para ser solicitante de asilo". "Pese a lo que diga el ministro, solicitar asilo en las oficinas de Ceuta y Melilla es imposible. Les obligan a cruzar en patera si quieren hacerlo", lamenta.

Crisis, pobreza y represión en el norte de Marruecos

Sin embargo, para Helena Maleno, investigadora y experta en migraciones de la ONG Caminando Fronteras, aún no puede decirse que el bloqueo en Libia esté propiciando un desvío hacia Marruecos, “al menos de momento”. Según apunta, las cifras de personas subsaharianas que llegan a España se están manteniendo estables y no son migrantes que hayan llegado a Marruecos desde Libia.
“Desde principios de año ha habido un repunte de marroquíes que se han lanzado a cruzar el Estrecho”
“Desde principios de año ha habido un repunte de marroquíes que se han lanzado a cruzar el Estrecho”, explica. Sobre todo jóvenes e incluso adolescentes. Un éxodo que achaca a la falta de oportunidades en su país de origen unido a un clima represivo por parte de Marruecos durante el último año para sofocar las protestas sociales de la región de Rif. “La situación es muy parecida a la de hace 15 años. La clases populares marroquíes se están empobreciendo, están aumentando los precios pero no los salarios y en muchas zonas hay un paro muy alto, como en el Rif”, destaca. Las protestas se han mantenido durante casi un año y han dejado más de 300 jóvenes activistas detenidos, muchos condenados y otros aún a la espera de juicio. “Muchos jóvenes están escapando en patera porque están perseguidos en su país después de participar en las manifestaciones”, afirma.

Manifestantes encapuchados lanzan piedras a la Policía antidisturbios durante la multitudinaria protesta en Alhucemas, Marruecos, el pasado 20 de julio.- REUTERS
Coincide con ella Ana Rosado, de la APDHA. “El número de menores que están llegando a Andalucía ha desbordado a las autoridades. En verano tuvieron que alojar en campings a 60 porque los centros de acogida de menores estaban llenos”, explica. Casi 3.000 de los migrantes atendidos por Cruz Roja en lo que va de año eran menores.

Permisividad de Marruecos

Esta investigadora señala que, debido a la inestabilidad en el Rif, es posible que Marruecos haya destinado a esa zona recursos policiales que antes vigilaban las fronteras. Aunque recuerda que la presión migratoria, bien por el mar o bien por las vallas de Ceuta y Melilla, es “la medida de presión que Marruecos utiliza” cuando alguna decisión política le perjudica. El papel del reino alauí tanto en materia de inmigración como de terrorismo es “clave” para España, según el Ministerio del Interior, y Mohamed VI es plenamente consciente.
Por ejemplo, ilustra Rosado el pasado diciembre el Tribunal de Justicia de la Unión Europea dejó fuera del acuerdo comercial UE-Marruecos productos y explotaciones de la región del Sáhara Occidental, lo que conllevó una enérgica protesta. Desde entonces, las llegadas de pateras se han disparado. “Ha pasado otras veces cuando ha habido problemas con acuerdos pesqueros”, insite.

Más llegadas desde Argelia

Por último, Maleno habla de un aumento de pateras salidas desde Argelia, que empezó el pasado año y que ha ido creciendo poco a poco. “No tenemos demasiados datos sobre la situación en ese país, pero algunos testimonios hablan también de clima represivo”, subraya. Prueba de este flujo, dice Maleno, son las llegadas a Baleares, principal destino de esta ruta. Ya han llegado a las islas 22 embarcaciones de estas características en lo que va de año, mientras que en 2016 sólo llegaron tres. Las mismas que en 2015.
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lunes, 6 de octubre de 2014

Venden a las mujeres en las fronteras


“Venden a las mujeres en las fronteras”

Las víctimas de las mafias que cruzan África rumbo a España sufren violaciones sistemáticas

Cada vez hay más menores entre las subsaharianas que son explotadas por las redes de trata

 Nador 18 JUL 2014 - 18:31 CEST140
Una subsahariana que ha pasado siete meses en un campo de Marruecos. / SANTI PALACIOS
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Una mujer negra, con un vestido corto naranja fluorescente, se sujeta con las manos el vientre hinchado mientras descansa sentada en la sala de embarque del puerto de Melilla. Tiene la cara hendida con cicatrices y ronda la veintena. Viaja a Málaga y forma parte de un grupo de subsaharianos que acaba de salir del Centro de Estancia Temporal de Inmigrantes (CETI) de la ciudad autónoma. Hoy es el gran día, el del salto a la Península con el que los subsaharianos sueñan desde el momento en que abandonan su tierra. A la mujer, sin embargo, no se la ve feliz. Es parca en palabras.
Reticente, cuenta que es nigeriana, que está embarazada de cuatro meses y que ha pasado los últimos tres en el centro de inmigrantes. Antes malvivió en uno de los bosques que rodean la ciudad marroquí de Nador, donde se quedó embarazada. No hay margen para más detalles. Su vigilante, también nigeriano, se presenta con cara de pocos amigos y da la charla por terminada. Él controla sus movimientos. Y ella, según las sospechas de la policía y de las organizaciones que trabajan con subsaharianas, es una víctima más de las redes de trata de personas que fuerzan a las inmigrantes a prostituirse durante su infernal travesía por el norte de África y durante largos años en suelo europeo.
El salto de las vallas y las cuchillas es tal vez la forma más llamativa para entrar a la Península, pero no es la que eligen la mayor parte de las mujeres. Ellas, salvo contadas excepciones, acceden al territorio español en patera o camufladas en coches por los pasos fronterizos. La llegada de estas subsaharianas, ensombrecida por el ruido mediático de la valla, esconde las transacciones de redes criminales transfronterizas que compran y venden mujeres de las que abusan y a las que después obligan a prostituirse. España es uno de los países de destino final de estas esclavas sexuales, cuyo tránsito hasta la Península está bien documentado.
"Cada una depende de un solo hombre, pero las utilizan muchos otros", dice una conocedora de los campos
Las rutas que trazan las redes mafiosas son conocidas. También lo son la ubicación de los campos marroquíes en los que esperan para cruzar a Europa y los polígonos industriales españoles en los que las mujeres se prostituyen a la fuerza. El gran interrogante es cómo es posible que, con este grado de conocimiento, no se pueda proteger a estas mujeres de agresiones y delitos tan previsibles. Para algunos expertos, parte del problema radica en unos mimbres legales aferrados a las fronteras nacionales y que no bastan para combatir fenómenos transfronterizos como la trata de personas.
Fuente: Women´s Link Worldwide.
Sobre el terreno, las evidencias abundan. Los datos están ahí para quien quiera escucharlos. John —nombre ficticio— es un veinteañero nigeriano que ofrece información detallada a las puertas del centro de inmigrantes de Melilla, adonde llegó hace poco más de un mes tras saltar la valla. Antes pasó dos años en Maghnia (Argelia), trabajando para los jefes de las redes de trata de personas, hasta juntar el dinero y poder pagar el peaje para cruzar de Argelia a Marruecos. “Los hombres mienten a las mujeres”, asegura. “Les dicen que es fácil llegar a Europa y que allí encontrarán trabajo. Que irán a Níger y de allí en avión a España. Pero en Níger les dicen que hay que ir hasta Argelia primero. En ese punto, las mujeres ya no tienen dinero y no tienen más opción que seguirles”. Y prosigue: “A las mujeres las venden en las fronteras. Los jefes nigerianos eligen a las que más les gustan. Por el camino, las dejan embarazadas”. Cuenta John que en la travesía hay mujeres de distintas edades. Desde menores hasta de 30 años. Dice también que algunas se arrepienten pero que no tienen cómo volver. Y que otras albergan todavía la esperanza de una vida mejor en Europa. “Cualquier mujer que venga aquí ha sufrido abusos”, asegura. “Ellas no te lo dirán, pero este es el sistema”.
Antes de llegar a Melilla o a las costas andaluzas, las mujeres pasan meses malviviendo en Oujda (localidad marroquí fronteriza con Argelia) o en los bosques de Nador, a 90 kilómetros de Melilla. La policía marroquí conoce la existencia de los campos de subsaharianos y patrulla alrededor para disuadir a los curiosos de que entren. Una persona que los frecuenta a menudo explica que se dividen en dos grandes grupos, los francófonos —Malí, Congo, Camerún— y los anglófonos —Nigeria—, pero asegura que “en todos opera la mafia y en todos hay trata”. “Por las mañanas, las envían a mendigar”, relata. “Las violaciones sistemáticas se dan sobre todo en los anglófonos. Cada una depende de un solo hombre, pero las utilizan muchos otros. Primero las viola el jefe y luego el resto. Están a su servicio. El objetivo es que se embaracen porque así tienen más posibilidades de quedarse en España”. Los niños son su pasaporte. Y concluye: “Si la situación de los inmigrantes hombres es terrible, la de las mujeres es cien veces peor. Esto es una auténtica tragedia humanitaria”.
"Los jefes eligen a las que más les gustan. Por el camino, las dejan embarazadas", asegura un joven nigeriano en tránsito
La antesala de la Península son los campos del bosque: lugares hostiles, heladores en invierno y abrasadores en verano, donde la sarna salta de una piel a otra con facilidad. Chantal —nombre ficticio—, camerunesa, habita desde hace siete meses junto con sus hijos y decenas de subsaharianos en Bolingo, uno de los campos. Habla en un lugar seguro de Nador. “Dormimos en el suelo, sobre un plástico”, relata. “La vida no es fácil. La policía viene todo el rato. En una redada, me llevaron a Rabat y después volví. En el campamento hay muchas mujeres embarazadas y niños”. Esta antigua camarera explica que con lo que mendiga en la calle y el agua que le dan “los árabes”, va tirando. Que no hay comida todos los días, pero que lo poco que consigue, lo guarda para sus hijos, de seis y cuatro años, que hoy la acompañan. Llevan más de un año sin ir a la escuela.
“No puedo recomendar a nadie que venga a pasar por este sufrimiento. El sueño de mi vida es que mis hijos coman, duerman y vayan a la escuela. Que tengan las oportunidades que yo no he tenido. Me salva la esperanza de pensar que algún día lo lograré”. Chantal espera ahora su oportunidad para cruzar el Estrecho en una balsa hinchable. Dice que la presencia de redes y abusos en los campos es un secreto a voces, pero asegura que ella no tiene nada que ver con todo eso. “Hablan de violaciones. El problema es que hay mujeres que no se respetan a sí mismas y por eso no las respetan, pero yo no he visto nada”.
Mujer centroafricana en el puerto de Melilla / SANTI PALACIOS (EL PAÍS)
Como Chantal, varias mujeres en tránsito desde África responden con evasivas y visiblemente atemorizadas cuando se les pregunta por detalles del camino o por violaciones, embarazos y abortos clandestinos en los campos. Les cambia la cara y se dan media vuelta. “Yo no sé nada” es una despedida que se escucha con frecuencia. Las organizaciones que trabajan con subsaharianas aseguran, sin embargo, que es prácticamente imposible que una mujer llegue al norte de Marruecos sola, de espaldas a las mafias. Las que llegan en patera a Melilla o se cuelan camufladas por la frontera, acaban en el centro de inmigrantes.
Carlos Montero es el director del CETI. Es además una persona cercana, que conoce bien a los que pasan por este centro, en el que se amontonan los inmigrantes. Ahora hay 1.480 personas. “Muchas de las subsaharianas que pasan por aquí han sufrido abusos o son esclavas sexuales de los jefes mafiosos”, explica. “El 99,9% de las nigerianas que vienen de Marruecos son explotadas sexualmente”. Sólo en 2013, hasta 59 mujeres fueron trasladadas del CETI a la Península por violencia de género o trata.
Los indicios de la explotación sexual se acumulan en las estrecheces del centro de inmigrantes. Es frecuente, por ejemplo, que al minuto de llamar a una mujer por el altavoz para que acuda a las oficinas, el hombre que la vigila se presente para ver qué pasa. Luego están los abortos. Las mujeres tratan de ocultarlos, pero en ocasiones, cuando hay hemorragias, acaban inevitablemente en la enfermería. Si se detectan indicios como estos, que suelen corresponder a casos de esclavitud sexual, desde la dirección del CETI alertan a las ONG que reciben a las mujeres cuando desembarcan en la Península y que las alojarán en pisos provisionales.
“No puedo recomendar a nadie que venga a pasar por este sufrimiento", dice una muejr de los campos
Uno de los problemas es que muchas subsaharianas llegan en patera directamente hasta las costas andaluzas sin pasar por un centro de inmigrantes. Otro, más relevante, es la incapacidad de las organizaciones receptoras para actuar. En cuestión de días, las recién aterrizadas en la Península desaparecen del radar de las ONG y los servicios sociales. Al poco de llegar a los pisos de acogida, un hombre va a recogerlas y no se las vuelve a ver nunca más. Se convierten en invisibles. Ya en manos de la sucursal mafiosa española, la mujer se prostituye a la fuerza durante años, bajo la estrecha vigilancia de sus captores, para pagar la deuda contraída en el camino: en torno a los 50.000 euros, según calculan personas cercanas a las víctimas. La red española contra la trata de personas estima que entre 40.000 y 50.000 mujeres son explotadas sexualmente en España.

Una red de tratantes

Las redes que trafican con mujeres subsaharianas cuentan con distintos actores que ejercen funciones precisas, según detalla Women´s Link Worldwide en un reciente informe: La trata de mujeres y niñas nigerianas: esclavitud entre fronteras y prejuicios.

»Captadores. Pueden ser familiares, vecinos, pastores de la iglesia o funcionarios.

»‘Madame’. La mujer que se encarga de la explotación de la víctima en el destino. Selecciona a las mujeres en origen y adelanta los gastos de transporte. Vigila que cumplan las órdenes.

»‘Guideman’. Nigerianos que viven en el norte de África y no han sido capaces de cruzar a Europa. Se encargan del traslado de las mujeres y niñas desde Nigeria hasta Marruecos.

»‘Marido’ o ‘novio’.Establece una relación afectiva con la víctima. La red decide quién será. Son los hombres que normalmente las dejan embarazadas.

»‘Connection man’. El hombre que organiza el salto a Europa.
» Funcionarios corruptos. Pieza clave para que la red funcione a espaldas de la justicia.

La situación se ha agravado en los últimos años con la llegada cada vez más numerosa de menores, según informa Rocío Nieto, presidenta de Apramp, una asociación que ofrece pisos protegidos a las víctimas de la trata. “Son niñas o adolescentes”, explica. “El año pasado pasaron 20 menores por nuestro piso”. Ramón Esteso, responsable de inclusión social de Médicos del Mundo, una ONG que presta asistencia sanitaria a prostitutas subsaharianas en España, asegura que “las que llegan a Almería o a Granada, tarde o temprano van a ser víctimas de prostitución forzada”. Explica además que muchas mujeres dicen que son de otra nacionalidad, pero que en realidad son nigerianas. “Y las que vienen de otros países africanos, aunque salgan de sus países libremente, tienen una probabilidad altísima de que las redes las capten por el camino”, añade. “Algo está fallando. Necesitamos herramientas jurídicas para dar protección a estas mujeres”.
Organizaciones como la Comisión de Ayuda al Refugiado de Euskadi, que recientemente ha visitado Melilla, piden que se considere la trata de personas con fines de explotación sexual como causa de asilo sin que tenga que mediar una denuncia. Su directora, Patricia Bárcena, entiende que, a pesar de que no sean personas perseguidas por un Estado o de que el propio país de origen condene la conducta criminal, son personas en peligro que necesitan protección internacional, en parte porque se enfrentarían a riesgos aún mayores de ser devueltas a sus países. Lamenta, además, que de las 40 solicitudes de asilo de mujeres víctimas de trata que los servicios jurídicos de CEAR tramitaron entre 2009 y 2013 —hasta 29 de ellas de Nigeria— ninguna fue aprobada. “Las autoridades españolas ejecutan a menudo expulsiones de ciudadanas nigerianas a su país de forma no segura considerando que no son víctimas de trata a pesar de la existencia de indicios”, señala Women´s Link Worldwide en un detallado informe sobre el asunto.
Aún así, Bárcena reconoce que el asilo por sí mismo no basta y que se necesitan medidas de protección adicionales. Esteban Velázquez, responsable de la Delegación de Migraciones del Arzobispado de Tánger y buen conocedor de la situación en Nador y Melilla, pide presencia internacional en las fronteras. En su opinión, las leyes y medidas nacionales no bastan. “Esta y otras vulneraciones sistemáticas de derechos humanos en la frontera sur de Europa exigen observadores internacionales permanentes. No puede ser que la Unión Europea dé dinero solo para aumentar la seguridad y no se preocupe de las violaciones de derechos humanos”.
En la actualidad, a estas mujeres se les aplica en España el artículo 59 bis de la ley de extranjería —según el cual, si denuncian a sus captores y colaboran con la policía para desarticular las redes, obtendrán protección—. El problema es que las mujeres del camino callan, no denuncian. No tanto por la presencia física de sus vigilantes, sino sobre todo por la cárcel mental en la que habitan. Los extorsionadores les amenazan con matar a su familia si huyen y viajan sometidas a conjuros y ritos de vudú que las aterrorizan. “El miedo impide a la gran mayoría de ellas dar el paso. Son tumbas”, reconoce José Nieto, jefe del centro de inteligencia de la Unidad Contra Redes de Inmigración Ilegal y Falsedades Documentales (UCRIF) de la Policía Nacional. Explica que la policía ofrece a las subsaharianas el 59 bis porque “el modus operandi con el que llegan estas mujeres supone la existencia de indicios de trata. Si aún no son víctimas, seguramente, lo van a ser”. Sin denuncia de por medio y con las leyes actuales, ve difícil que se pueda ofrecer protección a estas mujeres. “Si no colaboran, se pueden pasar años fuera del radar”.
Este policía sostiene que ha habido progresos importantes en materia penal y explica que ahora hay un nuevo plan nacional contra la trata, pero también le sorprende la pasividad de la ciudadanía ante este tema. “Estamos ante un delito socialmente permitido. Yo aspiro a que cuando la gente vaya a un club a tomar una copa, por lo menos se plantee que igual esa mujer con la que está hablando no está ahí porque quiere; que la esclavitud existe en nuestro país en el siglo XXI”.
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lunes, 29 de septiembre de 2014

¿Por qué venimos en pateras y no en Iberia?

¿Por qué venimos en pateras y no en iberia?
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AFROKAIRÓS - (12/09/2014): Soy Amal, una chica saharaui. Vivo en el desierto argelino, en Tindouf, donde los campamentos de refugiados saharauis. Ahora voy a contar por qué me dispongo a ir a España en patera y no en Iberia. Es una historia que empieza bien, pero se va haciendo larga, fea, cruel y el final, aún por ver, quizás no sea feliz. Pero es real, aunque cueste creerla. Hasta me han dicho que daría para una película, pero yo no quiero ser artista, lo que quiero es ir a Madrid a visitar a mi familia.


Mi familia española es la familia que me acogió los veranos cuando era una niña. Cuando llegábamos salíamos en los periódicos españoles, nos daban la bienvenida y nos hacían muchas fotos sonrientes. Nos preguntaban y contábamos que eran unas vacaciones felices, haciendo amigos, bañándonos y montando en bici. Las autoridades también salían en las fotos, se aplaudían por el programa Vacaciones en Paz, diciendo que nos venía muy bien para cuidar la salud y agradecían la sensibilidad de las familias que nos acogían. Cuando cumples 12 años ya no te dejan volver. Pero mi familia y yo hemos mantenido siempre el contacto. Me llaman al empezar el curso y al terminarlo, se interesan por mis estudios, me felicitan el cumple y el de mi madre. Cuando saben que alguien viaja a los campamentos me mandan un paquetito con regalos. Yo les llamo para preguntar por la abuela y por todos. Una vez vinieron a visitarme a mi campamento en Smara. Durmieron en nuestra jaima y vivieron como los saharauis.

Mayor de edad con pasaporte para viajar
Así hasta que haces 18 años y, si tienes suerte, te dan un pasaporte a tu nombre, ese anhelado papel que da derecho a viajar, a salir de tu país, a cruzar las fronteras como hacen las personas libres. Mi familia en Madrid, encantada con la noticia de mi mayoría de edad y pasaporte, se dispuso a invitarme a pasar un verano más con ellos. A gastos pagados, como hicieron cuando era niña. Todos estábamos emocionados con la idea del reencuentro después de tantos años. Mi madre y mi padre de acogida, la abuela, mis primas, los tíos, mis amigos, todos querían verme y abrazarme, saber de mí y de mi familia, de la vida en el desierto, de mis estudios y de mi futuro. Y yo feliz con ese reencuentro con el que tanto había soñado los últimos años.

El Reino de España me invita
Mi familia formaliza la invitación a ir a España a gastos pagados. Me da pena saber la cantidad de tiempo, dinero e inconvenientes que les lleva. Tienen que ir a la policía, que les advierte de multas y cárceles, justificar su identidad, nuestra relación, sus medios económicos para invitarme, pagar las exhorbitantes tasas, contratarme un seguro privado por dos meses, reservarme billete de avión en Iberia de ida y vuelta desde Argelia a España, y añaden una carta contándolo todo otra vez para adjuntarlo a mi dossier. Me mandan los documentos originales, detalle que tampoco es fácil, porque a un campamento de refugiados en el desierto no llegan ni correos ni servicios de mensajería. Entre los documentos recibidos hay uno que me enorgullece, un documento muy oficial, en un papel muy bonito, con muchos sellos, encabezado con el membrete “Reino de España” y “Carta de Invitación” que acredita que estoy invitada a ir a España por dos meses, ya que mi familia se compromete a alojarme. Y hay un billete de avión, en Iberia, de ida y vuelta, de Argel a Madrid, a mi nombre, Amal Salem. Así se entra por la puerta grande.

Sólo falta el visado español
¿Qué más se puede pedir? ¿Preparo el equipaje? Falta un último detalle, el visado español, el sello adicional en el pasaporte que te autoriza la entrada en el país. Lo pone el Consulado de España en Argelia. No te preocupes, me dice mi familia desde Madrid, es un trámite de la administración española, la misma que te ha cursado la invitación oficial, y tienes todos los demás papeles en regla. Te tienen que dejar entrar. Si no, sería como si el dueño de una finca te invitara a una fiesta y el portero no te dejara pasar. Vale, digo, sin entender mucho.

Empieza la trampa
Empiezo llamando al Consulado español en Argelia, que me dice que están muy ocupados y que ahora se encarga de los visados una empresa, la agencia VFS Global. Llamo a la agencia y me dicen que vaya a solicitar el visado cuando quiera, pero que tengo que solicitarlo en persona, en la oficina de Orán o Argel. Argelia es un país muy grande. Yo vivo en Tindouf y hay que atravesar 1.400 km de desierto para llegar a Orán y 1.700 km hasta Argel. Dicen que el visado se solicita en persona, a lo antiguo, que no vale ni teléfono, ni fax, ni email, ni web, ni webcam para verte. Los españoles de Argelia nos lo ponen muy difícil a los saharauis, que vivimos muy lejos y sin apenas recursos para acceder donde ellos. Consigo recorrer los 1.700 km de Tindouf a Argel para solicitar el visado, les entrego toda la documentación, la carta de invitación oficial del Reino de España, la carta de mi familia española justificando la invitación y los medios económicos, el billete de ida y vuelta en Iberia, el seguro a mi nombre, las identificaciones… Me dicen que estudiarán el dossier y que vuelva en quince días a por el resultado. Como no tengo medios para mantenerme en Argel esos 15 días, desando los 1.700 km de camino para esperar en casa, contenta, porque al entregar la documentación me han dicho que todo estaba bien.

Y la trampa me atrapa
A los quince días me avisan para recoger el resultado del visado. Es un sobre que me darán, de nuevo, en persona. ¿No tendrán teléfonos los españoles de Argelia para comunicarnos sus resoluciones? Todo va bien, me dijeron al entregar la documentación, todo va bien, me dicen los saharauis, todo está bien, me dice mi familia española. Un último esfuerzo económico a afrontar. Recorrer otra vez los 1.700 km hasta Argel, para recoger el visado. Y esta vez volar de seguido a Madrid, en Iberia, donde mi familia española me espera, felices todos de volver a pasar nuestros dos meses de vacaciones juntos.
Tras tres días dando tumbos en el autobús que atraviesa el desierto, llego por fin a Argel y voy rápido a recoger el visado. Me dan un sobre a mi nombre, en su interior un simple formulario en el que tan sólo se han molestado en hacer un aspa en la casilla 2 “l’objet et les conditions du sejour envisagé n’ont pas été justifiés”. No entiendo nada, literalmente, pues yo hablo español y árabe, el único idioma oficial de Argelia. Un amigo me ayuda en su traducción, que no te dejan ir, que no está justificado el viaje. ¿Los españoles de Argelia habrán leído algo del dossier que presenté? Y sin parar de llorar, por mí, por mi familia saharaui, por mi familia española y por todas las personas que nacimos del lado equivocado de las fronteras recorro, por cuarta vez, los 1.700 km de vuelta a los campamentos de refugiados en Tindouf preguntándome ¿por qué los españoles de Argelia me han hecho recorrer 6.800 km. para decirme que no puedo cruzar el Mediterráneo?

Recurso final

Dicen en esa hoja, que me deniega la entrada en España, que tengo dos meses para presentar un recurso en Madrid, ¿por qué me obligan a ir en patera si yo tenía billete en Iberia?
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lunes, 31 de marzo de 2014

Españoles expulsados de Bélgica

Una “carga excesiva” de españoles

Bélgica ordenó en 2013 la expulsión de 4.812 inmigrantes europeos, 291 procedentes de España, porque pesaban demasiado en la red asistencial. Tres de ellos cuentan su suplicio

Esta semana, Alemania anunciaba que acabará con la "inmigración de la pobreza"

 Bruselas 30 MAR 2014 - 00:01 CET1353
Dolores Cañizal, una de las españolas expulsadas, el jueves pasado, en Marbella. / FOTO: GARCÍA SANTOS
—¿Por qué? ¿Qué pasa?
—Pesa sobre usted una orden de expulsión. Debe abandonar Bélgica en un máximo de 30 días. En caso contrario, podría ser detenida y conducida hasta la frontera.
El teléfono de Dolores Cañizal amaga con cortar su voz en cualquier momento. Dos años después de llegar a Bélgica en búsqueda de trabajo, está a punto de cruzar la frontera franco-belga de vuelta a España, de vuelta a la casa de sus hijos de la que salió “para no dar más guerra”. No retorna voluntariamente: en diciembre recibió una orden de expulsión por, según le dijeron en la escueta conversación que mantuvo con un funcionario belga de migraciones, abusar del sistema de la seguridad social. Como ella, casi 5.000 europeos —entre ellos 291 españoles— fueron expulsados del país en 2013, en virtud de la interpretación que el Ejecutivo belga hace de la directiva —por ser una “carga excesiva”— que regula el libre movimiento de personas en la UE.
A sus 66 años, esta castellana llevaba más de dos décadas viviendo en Marbella hasta que el paro le empujó a Bélgica en marzo de 2012. “Fue una mezcla de orgullo personal y ganas de quitar una carga a mis hijos”, apunta, con tono nervioso. No puede contener su desilusión y rabia. Llegó a Bruselas por la insistencia de un amigo que vivía allí y que le proporcionó alojamiento los primeros meses. No tardó mucho en encontrar trabajo en el décimo país con menos paro de la UE: pocos días después de lograr su carné de identidad —un documento imprescindible para trabajar legalmente en Bélgica—, firmó un contrato como asistenta de limpieza por horas en casas y oficinas. Al principio, la barrera idiomática fue un lastre, pero a medida que transcurrían las semanas la carga de trabajo y los ingresos crecieron. “Confiaban en mí”, relata al otro lado del teléfono, “aunque empezaba a estar mayor para un trabajo tan físico”. Una lesión en la espalda y las generosas condiciones que ofrece el —aparentemente— garantista sistema belga, acabaron por adelantar su jubilación. “Me dijeron que cobraría 981 euros mensuales, lo suficiente para poder vivir”, añade. “Nunca se me pasó por la cabeza el calvario que viví poco después”. Su intención no era jubilarse, pero la Seguridad Social le propuso esta fórmula —a pesar de que llevaba poco más de un año cotizado— y se acogió a ella.
El Estado busca amedrentar a quien recibe la carta”, dice Carlos G., que reclama su derecho a quedarse
Tras un año cobrando la pensión puntualmente, dejó de recibir la prestación que le correspondía en noviembre pasado. “Pensé que sería un error y no le di más importancia”. Sin embargo, dos días después recibió en el buzón la orden de deportación. La carta, con el membrete del Ministerio del Interior belga, le emplazaba a presentarse en las oficinas administrativas de Evere —uno de los 19 Ayuntamientos en los que se divide Bruselas—, de clase media, en la que residía, a unos 10 kilómetros al norte de la Grand Place. “No sabía por qué querían que fuera y cuando llegué, casi sin dirigirme la palabra, un funcionario me retiró la tarjeta de residencia”, el documento que permite a cualquier extranjero —sea o no comunitario— residir en el país un máximo de cinco años. “Cuando me dijeron que tenía que abandonar el país en un plazo máximo de 30 días no me lo podía creer, justo cuando empezaba a salir adelante”, añade emocionada. “Nunca había pedido una ayuda a los servicios sociales; ni me aproveché de las arcas públicas”.
Aquel día empezó un auténtico vía crucis para Dolores: sus ahorros apenas le permitían abonar las facturas, perdió la fianza del apartamento que acababa de alquilar, tuvo que hacer cábalas para comprar el billete de vuelta y regalar las pertenencias que no podía llevar en el equipaje de vuelta. “Ni siquiera me ha dado tiempo a venderlos”, desliza resignada.
El derecho comunitario permite a cualquier ciudadano europeo permanecer hasta tres meses en otro país de la UE con su DNI como único equipaje. A partir de ese momento, el permiso de residencia está condicionado a que la persona tenga un contrato de trabajo; disponga de un seguro médico y de recursos económicos suficientes para vivir sin necesidad de recurrir a ayudas sociales; esté estudiando en alguna institución educativa del país o sea familiar de primer grado de alguna persona que cumpla los anteriores requisitos. Si no cumple con al menos uno de estos condicionantes, la legislación europea deja la puerta abierta a una expulsión, pero la limita a “circunstancias excepcionales”.

Lo que dice la directiva

Así reza el punto 16 de la directiva de 2004: “Los beneficiarios del derecho de residencia no podrán ser expulsados mientras no se conviertan en una carga excesiva para la asistencia social del Estado de acogida. (...) Conviene que el Estado examine si tal recurso obedece a dificultades temporales y que tenga en cuenta la duración de la residencia, las circunstancias personales y la cuantía de la ayuda concedida antes de poder decidir si el beneficiario se ha convertido en una carga excesiva para su asistencia social y si procede su expulsión”.
13 de los 28 países de la UE —entre ellos, la propia Bélgica, Alemania, Francia, Italia, Austria e Irlanda— practican expulsiones selectivas de inmigrantes comunitarios amparándose en la “carga excesiva” que suponen para sus arcas.
4.812 europeos —291 españoles— fueron expulsados de Bélgica en 2013, más del doble que un año antes.
El último en sumarse a esta interpretación de la legislación comunitaria ha sido el Gobierno alemán, que el miércoles anunció su intenciónde acabar con la “inmigración de la pobreza” imitando el efectista esquema belga.
La Comisión Europea ha ratificado la legalidad de las medidas belgas y alemanas y ha admitido “problemas puntuales” en algunos Estados miembros.
Sin embargo, el margen de maniobra que el texto otorga a cada país produce situaciones como la de Bélgica. Iván Salazar, responsable de ayuda social de la asociación Hispano-Belga que, como su propio nombre indica, tiende puentes entre España, Latinoamérica y Bélgica, lo tiene claro: “Las expulsiones de españoles se han multiplicado en los últimos meses”. Al principio, dice, les chocaba que tantas personas acudieran a la asociación con el mismo problema. “No sabíamos de qué hablaban cuando decían que les habían expulsado”, añade con tono pausado. “Pero con el paso del tiempo empezaron a llegar más y más casos”. La gran mayoría de ellos decide, como Cañizal, regresar a España.
Apenas seis kilómetros al este de la Hispano-Belga, vive Carlos G. y su pareja belga, Eliane Istace. Este catalán tuvo que echar el cierre en 2009 a las dos empresas que regentaba en Barcelona: un restaurante y una compañía de servicios de limpieza. El paro ya arreciaba y, de un día para otro, se vio en la tesitura de tener que emigrar. Probó suerte en Holanda, donde vivían unos conocidos, pero el idioma le obligó a buscar otros lares. “No duré ni un mes”, rememora. Acabó en Bruselas, a donde llegó con “poco dinero”. Como Cañizal, Carlos se hospedó las primeras semanas en casa de unos amigos mientras estudiaba francés: casi ocho horas diarias, con una ayuda social de 380 euros. “Es un país solidario”, apunta mientras apura un último trago de vino rosado. Acaba de cumplir 50 años y mantiene una actitud jovial: únicamente el pelo cano delata su edad.
Cuando su francés empezaba a ser lo suficientemente bueno, Carlos se acogió al artículo 60 —una fórmula que ofrece a los desempleados un salario a cambio de trabajar en ayuda social— y firmó un contrato en una residencia de ancianos de Etterbeek, el barrio en el que vive. “Todo iba bien: conocí a mi pareja, ganaba lo suficiente para vivir... Hasta que recibí la orden de expulsión”.
L.B., español de origen magrebí que ha recibido una orden de expulsión, el jueves, en Bruselas. / FOTO: DEMI ÁLVAREZ
De verbo fácil, maneja bien la intrincada terminología jurídica que rodea su caso —estudió tres años de Derecho— y se explica en un frañol que da fe de su total adaptación a la sociedad belga. Clava sus ojos en los papeles mientras se apagan los últimos rayos de sol del primer día de primavera en Bruselas. Su mirada denota rabia. “Voy a luchar porque es un sinsentido: es como si te ayudaran para luego echarte”. De momento, Carlos está centrado en ganar la batalla en los tribunales, que en abril resolverán su recurso, en el que ha llegado a renunciar explícitamente al seguro de desempleo. “No quiero más ayudas, solo que me dejen trabajar aquí, en mi entorno”. Por si su apelación no prosperara, Carlos aún guarda una bala en la recámara: que el Estado belga acepte su cohabitación con su pareja. Espera que la situación no se alargue mucho en el tiempo —“cumplo todos los requisitos y creo que ha sido un error administrativo; si no, no me lo explico”—, pero advierte de la frágil situación en la que se encuentran otros expulsados. “El Estado busca amedrentar a quien recibe la carta y que, presa del pánico, abandone Bélgica voluntariamente”.
En España no tuvimos problemas de racismo, y aquí, es institucional”, dice L.B., español de origen magrebí
Ese es el caso de L. B., su mujer y tres de sus cuatro hijos, que prefieren permanecer en el anonimato por miedo a represalias. Tras 26 años trabajando en Mallorca, este marroquí de Tánger se vio abocado a emigrar a Bélgica en 2011 para trabajar en la construcción, “como autónomo y sin la más mínima medida de seguridad”. Se explica en un castellano gramaticalmente perfecto y enseña su pasaporte español con orgullo: todos sus hijos han nacido en Baleares. La decisión de marcharse a Bruselas no fue fácil y se hizo aún más cuesta arriba cuando ya en Bélgica, solo dos meses después de empezar a cobrar una ayuda social de 600 euros “por la escolarización de los niños”, recibió la temida orden de expulsión. Desde entonces, apenas logra conciliar el sueño temiendo que les expulsen “en cualquier momento” del diminuto piso en el que viven, en el céntrico y multicultural Saint-Gilles. “Me han dicho que la policía puede presentarse en cualquier momento para ponernos en la calle”. Ha pasado casi un año desde que recibió el aviso de que debía abandonar Bélgica y el temor sigue latente.
“Solo espero que la situación mejore en España y que podamos volver”. Por lo pronto, su hijo mayor, de 18 años y sobre el que también pesa una orden de expulsión, ya se ha asegurado un puesto como repartidor de butano en su Mallorca natal durante los meses de julio y agosto. Mientras, estudia junto a sus hermanos pequeños en un colegio público del barrio. “Es importante que aprenda idiomas: habla español, árabe y francés, y ahora ha empezado con el neerlandés”, afirma L. B. Su gesto se tuerce al ser preguntado por la integración, uno de los puntos que la UE considera clave para frenar la expulsión. “Nos hemos sentido muy mal tratados en Bélgica, en España nunca tuvimos problemas de racismo y aquí, en cambio, el racismo es institucional”. Su rabia es tal que le lleva a preguntarse por los verdaderos valores europeos. “Somos españoles, somos europeos y no podemos vivir en Europa. ¿En qué consiste entonces la UE?”.
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